Desde hace décadas, la policía mexiquense goza de una pésima reputación.

Se le vincula, en el imaginario colectivo de mexiquenses y capitalinos por igual, con la corrupción, el abuso y la ineficacia. Pero más allá de lo anecdótico o de casos específicos que la autoridad podría dar por aislados, hay evidencia suficiente para pensar que se trata de un modo de actuar prácticamente institucionalizado. Muy probablemente, como advierten algunos analistas, esto se debe al hecho de que el estado de México ha vivido parcialmente y tan sólo a partir de algunas experiencias municipales, la alternancia en el poder. Esto resulta cada vez más evidente en el contexto de un proceso de profesionalización, depuración y capacitación constante de la Policía Federal y de muchas otras policías estatales en el país. Para ello, y por supuesto para cambiar radicalmente la imagen de la policía en nuestro país, resulta fundamental asegurar la honorabilidad de los agentes policiacos y dotarlos del entrenamiento y equipamiento necesario. Y eso es precisamente lo que programas federales como el del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) intentan conseguir con el apoyo político y presupuestal de las entidades federativas.

Pero en el estado de México el problema tiene dimensiones descomunales.

La falta de una estrategia para la profesionalización y depuración de las corporaciones policiacas estatales y municipales no sólo ha provocado el incumplimiento sistemático, desde la segunda dotación del Sunsemun, de las obligaciones a las que se comprometieron los municipios participantes del programa. De los 22 municipios que participaron en esta tercera ministración del programa, solo 16 cumplieron en tiempo y forma sus obligaciones, mientras que durante la segunda entrega de recursos hubo problemas serios con 18 de los 25 municipios beneficiados.

También ha originado una serie de insuficiencias institucionales que agudizan los problemas de seguridad pública en el estado. El tránsito de la Agencia de Seguridad Estatal a la recién creada Secretaría de Seguridad Ciudadana en la entidad no se ha hecho acompañar, por ejemplo, de nuevos procesos de reclutamiento de policías de nuevo ingreso y evaluación de los cuerpos de seguridad pública ya existentes. Basta ver las cifras y algunos casos emblemáticos para entender a cabalidad las implicaciones de esta negligente omisión por parte de las autoridades estatales y municipales. De acuerdo con cifras oficiales, en el estado de México hay actualmente alrededor de 67 mil policías municipales, estatales y ministeriales. De ellos, solo 8 mil han sido sometidos a los exámenes que aplica el Centro Estatal de Control de Confianza. Peor aún, según reconoce el propio secretario de Seguridad Ciudadana, casi 50% de ellos no están aptos para el desempeño de su labor ya sea por problemas que van desde la obesidad hasta el consumo de drogas. Mientras tanto, un número inconmensurable de oficiales de policía están en las calles, haciendo un trabajo deficiente o deshonesto en materia de seguridad pública y, en muchos casos, trabajando incluso para el hampa. Ahí está Germán Reyes Munguía o “M1” -como se le apodaba- quien fuera subdirector de Policía Criminal en Toluca y que presuntamente está vinculado, como integrante de una banda delictiva, con múltiples homicidios, secuestros y delitos contra la salud. Ahí está también el presunto plagiario de Diego Fernández de Cevallos, un ex policía municipal de Huixquilucan al que se le atribuyen numerosos crímenes. Estos son apenas botones de muestra de una realidad que lastima todos los días a las familias mexiquenses. Por eso, en la Comisión Permanente, exigí al Gobernador del Estado que ponga en marcha una estrategia de profesionalización y depuración de las corporaciones policiacas en la entidad. Es una tarea urgente que no admite dilaciones de ninguna especie.